Las vergüenzas de las Altas Cortes en Colombia.

Es una vergüenza la que invade en estos días, no solo a la corte constitucional, sino también a todo el país, producto del escándalo protagonizado por el magistrado Jorge Pretelt y las posteriores declaraciones que este proporcionó “salpicando” a otros personajes e instituciones.

Si bien, no es motivo de sorpresa que un personaje de la vida pública colombiana esté implicado en escándalos de corrupción, lo que es de sorprender es que este sea un miembro de la corte constitucional, posiblemente, la más importante de las denominadas altas cortes debido a que tiene la compleja labor de vigilar y proteger que no se mancille la Constitución Política de 1991.

Y fueron los mismos constituyentes del 91 quienes la crearon mediante el Capítulo IV de la constitución, el cual a su vez hace referencia a las funciones, conformación, impedimentos y demás de la Corte Constitucional, una corte de absoluta relevancia para el mantenimiento de la recién instaurada democracia participativa y pluralista.

Lo complejo de este caso, no es solo el de demostrarse que quienes fungen en dichos asientos, bajo el título de magistrados no son más que simples personas quienes ante todo preveen sus intereses particulares sobre los generales, sino, lo verdaderamente grave es la perdida de legitimidad de la que debiese ser una magna institución.

Pero, ¿Quién puede condenar a estos personajes?, no se sabe bien porque, pero los constituyentes decidieron que quienes “conocer las acusaciones” de estos (como bien se lee en el artículo 173 de la constitución) son los mismo que los eligen, estos son: los no muy magnos senadores de la república, de acuerdo a lo que determine la comisión de acusaciones (que tampoco es que sea muy eficiente) de la cámara de representantes; esto es, primero la comisión de acusación debe de hacer un proceso y si pasa de ahí, se traslada al senado… Un procedimiento algo engorroso y tedioso, más aun, cuando muchos califican a esta comisión como la comisión de impunidad.

Lo curioso del caso es que en días pasado el (no sé si llamarlo prestigioso o simplemente famoso) abogado Abelardo de la Espriella afirmó que la ética no tiene nada que ver con el derecho, si bien, en teoría tiene razón, en la practica la ética debe guiar cada uno de los accionares del ser humano. En estos momentos, pareciera que este es el imperativo que da la ruta de navegación para nuestros dignos magistrados.

Ante esto, pareciera que la única solución es una nueva constituyente, pero ¿Qué tanto esto puede solucionar la corrupción en las altas cortes?, ya que pareciera que los niveles de maldad (¿?) de nuestros padres de la patria es tal que se adaptan a cualquier transformación institucional, llevándolo a niveles no imaginables. A mi parecer, designar un magistrado es similar a un voto de confianza, obviamente no se debe de esperar que estos sean unos semi-dioses, o que representen la pureza, pero lo mínimamente aceptable es que simplemente hagan lo que deben de hacer, en este caso, velar por la protección de la constitución.